BOGOTÁ, COLOMBIA — La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la creciente deforestación en Colombia, al revelar que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se perdieron 88.808 hectáreas de bosque en la región amazónica, acompañadas por la apertura de 1.107 kilómetros de vías ilegales. Así lo indica el Segundo Informe de Seguimiento a la Deforestación, una investigación basada en evidencia satelital y análisis geoestadístico que refleja la magnitud de esta crisis ambiental.
Según el organismo de control, el avance de estas vías clandestinas está vinculado al incremento de cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y actividades ilegales como la minería y el narcotráfico. El impacto es especialmente grave en siete zonas críticas que incluyen departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Cauca.
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Parques naturales en riesgo y afectaciones a comunidades
El informe destaca que muchas de estas vías ilegales atraviesan o rodean parques nacionales protegidos, lo que compromete ecosistemas únicos y poblaciones locales. Entre las áreas más afectadas se encuentran los parques Chiribiquete, La Macarena, Nukak y Farallones de Cali.
Por ejemplo, en la cuenca del río Naya —entre Cauca y Valle del Cauca— se identificaron dos caminos que avanzan hacia el Parque Nacional Natural Farallones, partiendo desde Puerto Merizalde y El Despunte, lo cual representa una amenaza directa de expansión de actividades ilícitas.
En el municipio de Mapiripán (Meta) se detectaron 263 km de vías ilegales y la pérdida de 13.700 hectáreas de selva. En Vistahermosa y Puerto Rico, dentro del parque Sierra de La Macarena, se registraron 7.425 hectáreas deforestadas por una red vial similar.
En el departamento del Guaviare, los municipios de El Retorno, Miraflores y Calamar perdieron en conjunto 10.400 hectáreas a causa de 208 km de carreteras ilegales.
Otro punto crítico está en los Llanos del Yarí y el norte del Chiribiquete, donde se destruyeron 15.700 hectáreas de selva, en parte por la apertura de la vía Puerto Cachicamo–La Tunia, que cruza el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. En la vereda San Antonio, se reportó la pérdida de 726 hectáreas de bosque por la construcción de 22 km de camino dentro del parque.
Procuraduría exige acciones inmediatas para frenar la destrucción
Frente a esta emergencia ambiental, la Procuraduría hizo un llamado urgente a las gobernaciones, alcaldías y autoridades ambientales para que informen sobre las acciones tomadas en los territorios afectados. Asimismo, instó a implementar cierres administrativos de caminos ilegales, prevenir nuevas aperturas viales y adelantar procesos de restauración ecológica en las zonas intervenidas.
La situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar el control territorial y la vigilancia ambiental, especialmente en regiones donde los ecosistemas están bajo constante amenaza.