BUENAVENTURA, COLOMBIA – Organizaciones defensoras de Derechos Humanos han encendido las alarmas ante la grave crisis humanitaria que se vive en zonas rurales del Distrito Especial de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, como consecuencia del accionar violento de grupos armados ilegales.
Los sectores más afectados, según las denuncias, son Bajo Calima y El Naya, donde se reporta un alarmante aumento de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y confinamientos. La situación se ha tornado insostenible para cientos de familias que viven bajo el miedo constante y la ausencia del Estado.
Autoridades no ingresan por falta de garantías
De acuerdo con los reportes entregados por líderes comunitarios y voceros de la Fundación Étnica y Cultural en Defensa de los Derechos Humanos, en múltiples ocasiones las autoridades se han negado a ingresar a los territorios para realizar el levantamiento de cuerpos, argumentando que no existen garantías de seguridad para la fuerza pública.
“Hemos visto cómo los cuerpos sin vida pueden permanecer hasta tres días flotando en los ríos sin que la Fiscalía actúe, porque la Policía o el Ejército no entran. Esto deja a la comunidad en total desamparo”, aseguró uno de los voceros de la fundación.
En muchos casos, son los mismos habitantes quienes deben asumir esta labor o esperar la intervención de alguna funeraria, mientras los responsables de los crímenes permanecen impunes.
Desplazamiento forzado y resistencia comunitaria
La situación también ha derivado en desplazamientos forzados masivos hacia la zona urbana de Buenaventura y otras ciudades del país. Mientras algunos deciden abandonar sus territorios para preservar la vida, otros permanecen resistiendo en medio del temor y la violencia.
La Fundación Étnica y Cultural denunció que el Estado no ha garantizado la protección integral de estas comunidades, ni ha brindado respuestas efectivas frente a las múltiples alertas emitidas por organizaciones sociales, lo que agrava la vulnerabilidad de las poblaciones afrodescendientes e indígenas que habitan estos territorios.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
La comunidad exige la presencia inmediata del Estado, así como la implementación de medidas humanitarias y de seguridad que permitan proteger la vida, restablecer los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia en estas zonas olvidadas por las instituciones.