Tibú, Norte de Santander – mayo 2025. La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, lanzó un enérgico pronunciamiento tras el ataque con dron perpetrado en la vereda 20 de Julio, en el municipio de Tibú, que dejó un saldo trágico de un menor de 12 años muerto y 12 personas heridas, entre ellas cinco niños y cuatro adultos.
El atentado, atribuido al Frente 33 de las disidencias de las FARC, ha generado profunda indignación en todo el país. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Marín denunció que estas estructuras armadas no solo violan de forma flagrante el derecho internacional humanitario, sino que además culpan a la población civil por los crímenes que ellos mismos cometen.
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«Justifican su accionar despiadado señalando a las comunidades de ser cómplices o simpatizantes de uno u otro grupo armado. Hoy vemos cómo niños son asesinados y aún así se responsabiliza a las víctimas. Esto no solo es inaceptable, es profundamente doloroso», expresó la funcionaria.
Un proceso de paz cuestionado
La defensora también cuestionó duramente la participación del Frente 33 de las disidencias de las FARC en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, mientras continúa su escalada de violencia en territorios como el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
“¿El Frente 33 está comprometido realmente con la paz y el desarme, o está utilizando el proceso como fachada mientras toma represalias contra la población civil en su disputa territorial con el ELN?”, se preguntó Marín en su comunicado.
Este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de violaciones de los acuerdos mínimos del derecho internacional humanitario, especialmente en zonas rurales donde la niñez y las comunidades campesinas son las más vulnerables.
El ELN también en la mira
Además del Frente 33, la Defensora del Pueblo responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por mantener acciones armadas que han puesto en riesgo a la población civil en Norte de Santander. Ambos grupos, según la funcionaria, ignoran deliberadamente las normas humanitarias que protegen a la población no combatiente, especialmente a los menores de edad.
Un llamado urgente al Gobierno y a la comunidad internacional
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano para revisar los compromisos y condiciones de los procesos de paz en curso, y exigió que se priorice la protección de los civiles, especialmente de niños, niñas y adolescentes que hoy siguen siendo víctimas del fuego cruzado.
Asimismo, pidió a la comunidad internacional, a través de organismos de derechos humanos, mayor veeduría y presión para que los grupos armados respeten los principios mínimos de humanidad, incluso en medio del conflicto.