En un operativo de control, la Policía Nacional incautó 18.800 detonadores fulminantes que eran transportados de manera camuflada en un cargamento de papa. La incautación se realizó en la vía que conecta Villa Rica, en el Cauca, con Palmira, en el Valle del Cauca, un corredor estratégico utilizado tanto para el comercio agrícola como para el tráfico ilegal de insumos.
Los explosivos iban acompañados de 8.750 metros de mecha de seguridad y 609 iniciadores de carga explosiva, material de alto riesgo que, según las investigaciones preliminares, habría ingresado al país desde Ecuador y Perú con destino a actividades ilícitas en el suroccidente colombiano.
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Explosivos ocultos con destino a la minería ilegal
Las primeras indagaciones señalan que este arsenal estaba destinado a la minería ilegal en zonas montañosas de Nariño y Cauca, donde grupos armados controlan y dinamizan la extracción ilícita de minerales mediante el uso de explosivos no autorizados.
El camión interceptado aparentaba transportar exclusivamente productos agrícolas. Sin embargo, bajo varias capas de sacos de papa, las autoridades hallaron los detonadores cuidadosamente ocultos. El cargamento fue detectado gracias a labores de inteligencia y al refuerzo de los controles en este eje vial, impidiendo que el material llegara a manos de estructuras criminales.
Seguridad reforzada en una ruta estratégica
La vía Villa Rica-Palmira es uno de los principales corredores de transporte de productos agrícolas en la región, pero también es utilizada por redes delictivas para movilizar insumos prohibidos. Ante este panorama, la Policía Nacional mantiene operativos permanentes en la zona para neutralizar el tráfico de material ilegal.
Las autoridades advirtieron que la manipulación de estos explosivos representaba un riesgo inminente para las comunidades cercanas, dada su alta capacidad destructiva en caso de una activación accidental.
El cargamento fue trasladado a una zona segura para su análisis técnico y posterior disposición, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables del transporte y determinar el destino exacto de este material en actividades extractivas ilegales.